El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) ha aprobado la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta de biogás proyectado en el término municipal de La Almunia de Doña Godina, junto a la carretera de Ricla. Esta instalación cuenta con un proyecto de transformación de la gallinaza en gas que se inyectaría en la red general. Meses atrás algunos vecinos y colectivos de La Almunia y localidades cercanas recogieron firmas en contra de proyectos así, alegando un empeoramiento de las condiciones de vida de la zona. La resolución ha sido publicada recientemente en el Boletín Oficial de Aragón.
La declaración positiva ahora expedida por la entidad del Gobierno de Aragón considera el proyecto ambientalmente compatible, aunque lo supedita al cumplimiento de un amplio conjunto de condiciones técnicas, medidas correctoras y controles posteriores, especialmente en materia de olores, ruidos y protección del entorno natural.
Según recoge el expediente ambiental, la empresa promotora plantea una planta de biometanización destinada al tratamiento de residuos orgánicos, principalmente gallinaza procedente de explotaciones avícolas. El objetivo del proyecto es la producción de biogás, que posteriormente se depura para obtener biometano como fuente de energía renovable, así como la generación de un residuo final, el digestato, destinado a uso agrícola bajo condiciones de control ambiental. La propia empresa promotora enmarca el proyecto dentro de un modelo de economía circular, dado que señalan que lo previsto es utilizar residuos de la zona.
Alegaciones y preocupación vecinal
Durante el periodo de información pública del proyecto se presentaron alegaciones por parte de vecinos, asociaciones ecologistas y del Ayuntamiento de Ricla, centradas principalmente en la posible afección por olores en la zona, el funcionamiento continuo de la instalación y su proximidad al entorno del río Jalón, explicando que podría verse perjudicado.
El expediente ambiental recoge asimismo que, durante la tramitación, el Ayuntamiento de La Almunia trasladó al INAGA la existencia de una creciente preocupación vecinal en relación con este tipo de instalaciones, especialmente por las molestias que podrían generar. Meses atrás, varios grupos de vecinos se movilizaron para la recogida de firmas en contra de la promoción de proyectos así en este territorio.
Condiciones y controles exigidos por el INAGA
Entre las exigencias impuestas por el INAGA destaca la obligación de realizar controles reales de olores durante el primer año de funcionamiento de la planta, cuyos resultados deberán remitirse a las administraciones afectadas. También se establecen mediciones de ruido una vez iniciada la actividad, controles sobre la gestión de residuos y del digestato, así como un plan de vigilancia ambiental continuo.
La resolución subraya que el cumplimiento de estas condiciones será determinante para el desarrollo del proyecto y que cualquier incumplimiento podrá dar lugar a requerimientos adicionales o a la adopción de medidas correctoras. Si bien, la aprobación de la declaración de impacto ambiental no implica el inicio inmediato de las obras, que queda condicionado a la obtención de otros permisos administrativos necesarios.
Las plantas de biogás, un modelo en debate
Las plantas de biogás o biometanización son instalaciones destinadas al tratamiento de residuos orgánicos de origen ganadero o agrícola mediante procesos industriales que permiten generar energía renovable. Desde las empresas promotoras y las administraciones, este tipo de proyectos se defienden como una forma de valorizar residuos, reducir emisiones y avanzar hacia modelos de economía circular.
Sin embargo, la implantación de estas plantas suele generar debate social en los municipios donde se proyectan. Entre las preocupaciones más habituales figuran los posibles problemas de olores, el aumento del tráfico pesado asociado al transporte de residuos, el funcionamiento continuo de las instalaciones y su ubicación cerca de núcleos habitados o espacios naturales sensibles.
Por este motivo, este tipo de proyectos están sometidos a evaluaciones ambientales exhaustivas y a controles posteriores una vez entran en funcionamiento, con el objetivo de garantizar que su actividad se ajusta a los límites legales y minimizar su impacto en el entorno y en la calidad de vida de los vecinos.
